EE. UU. actúa contra embarcaciones procedentes de Venezuela: razones y controversias legales

El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de operativos en el Caribe contra embarcaciones procedentes de Venezuela que, según Washington, transportaban narcóticos con destino a EE. UU. El presidente Donald Trump advirtió: “Quedan advertidos: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!”. Tras un primer operativo del 2 de septiembre, que dejó 11 muertos, las fuerzas estadounidenses realizaron al menos dos ataques más en aguas internacionales —en el “área de responsabilidad del Comando Sur”— que, según informes oficiales, dejaron otras tres personas muertas y una tercera embarcación fue atacada posteriormente.

La administración Trump enmarca estas acciones dentro de su “guerra” contra el narcotráfico. Desde el inicio de su mandato ha priorizado reducir el flujo de drogas hacia EE. UU., declarando una emergencia nacional en la frontera con México, imponiendo sanciones comerciales y señalando actores estatales y no estatales vinculados al tráfico de drogas. Washington ha designado organizaciones como el Tren de Aragua como “terroristas internacionales” y acusa a una supuesta red, el Cartel de los Soles, de involucrar a altos oficiales venezolanos y al propio presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano niega las acusaciones y tilda las operaciones de excusa para promover un cambio de régimen.

El uso de fuerza contra barcos en alta mar marca un precedente: la práctica habitual de EE. UU. en casos de narcotráfico ha sido interceptar embarcaciones, detener a tripulantes y decomisar cargamentos, no emplear ataques letales. Expertos han advertido que estas operaciones podrían violar el derecho internacional. Aunque Estados Unidos no es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, sus asesores legales han sostenido que el país debería comportarse conforme a ella; la convención obliga a no interferir con buques en aguas internacionales salvo excepciones muy limitadas (por ejemplo, la persecución que se inicia en aguas territoriales).

Especialistas en derecho internacional han subrayado que, si bien se puede usar la fuerza para detener una embarcación, normalmente deben privilegiarse medidas no letales y la fuerza letal sólo sería justificable por una amenaza inminente a vidas. La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza entre Estados salvo excepciones como la legítima defensa, por lo que la administración estadounidense podría alegar defensa de la seguridad nacional frente a organizaciones designadas como terroristas; sin embargo, académicos sostienen que catalogar a los fallecidos como “narcoterroristas” no los convierte automáticamente en objetivos militares legales.

Desde la Casa Blanca y responsables del Pentágono han defendido las operaciones: Trump afirmó que “hundir este barco salvó vidas estadounidenses” y miembros del gobierno dijeron que las acciones forman parte de una misión seria que no cesará. En agosto Washington envió una flotilla al Caribe —con varios buques anfibios, destructores, un crucero lanzamisiles, aviones P-8, un submarino de ataque y cazas F-35 asignados a Puerto Rico— para reforzar la interdicción y la vigilancia.

Por su parte, Caracas ha denunciado hostigamiento: el gobierno venezolano afirmó que la Marina de EE. UU. interceptó y retuvo brevemente a pescadores y que las comunicaciones entre ambos países están “deshechas” por las amenazas. Nicolás Maduro calificó las acciones de chantaje y violencia y negó cualquier participación estatal en narcotráfico.

La disputa plantea preguntas legales y políticas de fondo: ¿puede un Estado atacar y hundir embarcaciones en aguas internacionales alegando lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde termina la legítima defensa y dónde comienza la violación de la soberanía y del derecho internacional? Mientras EE. UU. insiste en que sus operativos reducen una amenaza que “puede matar a estadounidenses”, juristas internacionales y defensores de derechos humanos advierten que el uso de fuerza letal en alta mar contra buques civiles podría ser ilegal salvo que se demuestre una amenaza inmediata que justifique tal acción. Las autoridades estadounidenses han indicado que continuarán las operaciones, y la comunidad internacional seguirá de cerca las implicaciones jurídicas y diplomáticas de estas actuaciones.